Respuesta de España a la crisis del COVID19: diferimiento y apalancamiento

Por Jordi Castells Llavinés
Economista – Socio Insolnet – Miembro de la Junta directiva ASPAC

El COVID19 ha aparecido de repente y, dentro de la confusión, el Gobierno español ha debido tomar una serie de decisiones económicas que están afectando directamente a toda la sociedad: trabajadores, empresas, profesionales, propietarios, inquilinos, consumidores, etc.

La naturaleza de las mismas ya está afectando de manera singular a la economía.

A grandes rasgos, la opción tomada ha sido diferir el problema: el enfermo pierde sangre, pues vamos a hacer transfusiones de sangre. Correcto.

Ahora bien, tan urgente es realizar las transfusiones de sangre como taponar la herida. Si no, estamos vaciando nuestro stock en el banco de sangre, sin que el enfermo mejore en su situación.

Pues bien, ¿Qué ha hecho el gobierno hasta hora? Inyectar liquidez al sistema, por cierto, de manera no muy eficiente, para parar el golpe y conseguir que la economía siga fluyendo.

¿Quién paga el coste de la crisis? Pues de momento se ha decidido aplazar el problema propiciando que empresas y profesionales se endeuden: incluso se ha hecho de manera descarada… con carencias y todo. No os preocupéis, seguid ocupados, pagando y ya veremos.

El problema es cuando veamos: para financiar gastos corrientes (sueldos y salarios, seguros sociales, saldos de proveedores, etc.) se han solicitado créditos ICO.

Si bien los préstamos ICO se habían suscrito históricamente para financiar compras de activos (maquinaria, elementos de transporte, etc.) que pasaban a formar parte del activo cuya depreciación la empresa iba incorporando a cada ejercicio según un plan de amortización, variable según la vida útil del bien, ahora no: todo se dedica a pagar gasto corriente.

La financiación obtenida le permitirá vivir con la ilusión de ser una empresa saneada, pero al cierre del ejercicio la empresa calculará el resultado y, en general, será peor que ejercicios anteriores porque habrá debido soportar meses sin actividad y todos o parte de los gastos correlativos.

El resultado del balance post-COVID es que la dimensión de la empresa es prácticamente la misma, la deuda ha crecido mucho y el patrimonio neto ha perdido peso en la composición de la estructura financiera de la empresa. Lo que debería haber aportado el empresario para asumir los gastos derivados del COVID19, lo ha aportado una entidad financiera. La deuda ha aumentado.

Ello supone incrementar el apalancamiento, que si bien puede permitir un aumento de la rentabilidad debido al efecto “palanca” de los costos fijos operativos (apalancamiento operativo) o financieros (apalancamiento financiero), también puede precipitar de manera acelerada las pérdidas.

Cuando el saldo en las entidades financieras empiece a disminuir, porque lo habrá destinado a pagar los gastos del COVID19, el empresario se encontrará con:

Una empresa que tiene comprometida la viabilidad porque para lograrla precisa de un “extra beneficio” para cubrir los gastos que ya ha pagado… en este caso, ganar más para poder pagar los préstamos.
Que la deuda con entidades financieras es mucho mayor, y puede tener comprometidas las renovaciones.
Que si se ha acabado el periodo de carencia, debe empezar a devolver capital más intereses de los préstamos.
Que debe ir afrontando todos los aplazamientos de deuda de T.G.S.S. y A.E.A.T. que le habían concedido por la situación del COVID19, y que no se los van a renovar porque fue una situación excepcional.
Que la empresa tiene unos fondos propios menores y, por tanto, está más expuesta a la causa de disolución por pérdidas a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital.

En fin, una empresa mucho más sensible a una nueva situación de crisis ya que está mucho más apalancada.

Si no toma medidas de manera anticipada y no es capaz de soportar el nuevo nivel de endeudamiento caerá en riesgo de no atender las deudas a su vencimiento: “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede atender regularmente sus obligaciones exigibles. (art. 2.2 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal)”.

Por ello es importante que el empresario planifique esta nueva situación económica adoptando aquellas modificaciones y/o reestructuraciones que aseguren su viabilidad. Si quiere resultados distintos, tiene que hacer cosas distintas.

Además se hace imprescindible el control presupuestario para comprobar si durante el nuevo escenario se van cumpliendo sus previsiones y expectativas o, en caso contrario, tome de manera ágil medidas para evitar minimizar las pérdidas que puedan surgir.

Servicio especial COVID-19